Holtrop S.L.P. blog

Daniel Pérez Rodriguez

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Una de las grandes virtudes de los avances tecnológicos es que pueden servir para empoderar a la ciudadanía y descentralizar el poder. Dos claros ejemplos de este fenómeno los encontramos en los sectores eléctrico y financiero. Sin embargo, el Gobierno Español, rendido a los lobbies eléctrico y bancario, está tratando de limitar todo lo posible este tipo de prácticas.

En el caso de la descentralización del poder en el mercado eléctrico, el autoconsumo permite que cualquier ciudadano que disponga de un espacio, pueda instalarse una pequeña unidad generadora (normalmente una placa solar o un pequeño molino de viento) y así reducir su factura de la luz y generar electricidad de forma respetuosa con el medio ambiente. Vaya por delante que el autoconsumo es una práctica legal y rentable en España, y que lo seguirá siendo a pesar de todas las trabas del Gobierno.

No obstante, en vez de fomentar el autoconsumo, mejorando así la eficiencia energética y reduciendo la dependencia energética, el Gobierno ha tomado dos medidas que hacen del autoconsumo una práctica menos rentable. La primera es el cambio de la composición de la factura eléctrica, incrementando la parte fija (término de potencia) y reduciendo la parte variable (término de energía). De esta forma, quien se pone una placa solar en casa, podrá reducir la parte variable, pues su consumo bajará, pero no su parte fija, que deberá pagar en todo caso. Si la parte variable es menor en el conjunto de la factura, el ahorro económico proveniente del autoconsumo sería menor que si la parte variable tuviera un mayor peso en la factura. La segunda medida es el denominado peaje de respaldo, contenido en el proyecto de Real Decreto de Autoconsumo, que implicaría que aquellos que ejerzan la práctica del autoconsumo tendrían que pagar un peaje al sistema eléctrico. La supuesta intención de esta medida es dar más seguridad al sistema eléctrico. Sin embargo, la finalidad evidente es desincentivar la práctica del autoconsumo para que las grandes eléctricas puedan seguir dominando el mercado.

Algo similar sucede con la práctica del crowdfunding. En los últimos años han proliferado en Internet plataformas de microfinanciación, que permiten a todos los ciudadanos invertir en los proyectos que ellos quieran financiar, a cambio o no de un retorno económico. Gracias al crowdfunding, en el año 2012 se

recaudaron 735 millones de euros en toda la Unión Europea, y para el 2013 se espera alcanzar los 1.000 millones.

El Gobierno ha propuesto un Anteproyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial, que a pesar de su nombre, lo que hace es limitar considerablemente al acceso a la financiación mediante crowdfunding, imponiendo una serie de restricciones económicas y administrativas que dañarán seriamente esta modalidad de financiación. En concreto, el anteproyecto limita a 3.000 euros la aportación máxima por persona y proyecto (artículo 69), a 6.000 euros anuales la aportación por persona y plataforma de crowdfunding y a un millón de euros la cuantía máxima de un proyecto que se puede financiar mediante este instrumento. Dice que lo hace por proteger al inversor, pero en realidad, es evidente que a quien se protege es a los bancos, que se aseguran que no tendrán que competir con los ciudadanos en la financiación para los proyectos de más de un millón de euros.

Las propuestas de Real Decreto de Autoconsumo y de Ley de Financiación empresarial tienen dos objetivos. El primero consiste en demonizar las prácticas del autoconsumo y del crowdfunding, haciendo correr la voz de que se restringirán, para que la gente tenga dudas sobre si participar o no en ellas. Y lo están logrando. En el caso del autoconsumo, una parte de la opinión pública, e incluso representantes políticos, piensan que éste ya ha sido prohibido y no se plantean instalar placas en sus edificios, lo que supone un grave daño para la industria. En el caso del crowdfunding, el Gobierno quiere hacer creer que es inseguro y arriesgado, para reducir la importancia de esta práctica y dañar así al sector. 

Para contrarrestar esta mala publicidad es necesaria la información. No me cansaré de repetir que el autoconsumo sigue siendo una práctica rentable y con futuro. Las medidas del Gobierno lo harán menos atractivo, pero aún así, seguirá valiendo la pena. En un entorno regulatorio en el que la norma es la inestabilidad, quien tiene una instalación de autoconsumo puede conocer sus costes energéticos para los próximos 30 años. Una prueba concreta de que el autoconsumo funciona es el restaurante Lasal del Varador, en Mataró, que con su instalación solar de 8 kW ha reducido considerablemente su factura eléctrica y así puede ser más competitivo. Y en cuanto al crowdfunding, también continúa siendo una herramienta cargada de futuro, gracias a la cual miles de emprendedores están logrando acceso a la financiación. En un contexto donde la banca ha vendido productos como las preferentes, queda claro que invertir en un gran banco no es sinónimo de falta de riesgo, y que el crowdfunding es una buena alternativa.

El segundo objetivo, una vez causado el daño informativo, es imponer verdaderas trabas legales a estas prácticas, para reducir su potencial. En este caso, la batalla tendrá que librarse en los tribunales, en especial en los europeos. En el caso de la nueva tarifa eléctrica y el peaje de respaldo, nuestra principal arma será la Directiva de Eficiencia Energética, mientras que la normativa limitadora del crowdfunding tendrá que ser contrastada con la libre circulación de capitales.