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Crean una plataforma de financiación colectiva para evitar que los delitos medioambientales queden impunes

"El impuesto al sol, la falta de ayudas públicas, los SWAP, una especie de cláusulas suelo endosadas a los productores de renovables... Invertir en España en energías limpias puede convertirse en un suplicio e incluso acabar con juicios de por medio.

Por eso, un despacho de abogados de Barcelona ha creado 'Equanimity litigation', una plataforma de financiación colectiva para ayudar a que los ciudadanos con menos recursos también tengan acceso a la justicia.

"Cuando eres demasiado pequeño, el coste de un litigio al daño que tienes puede ser prohibitivo", explica Piet Holtrop, abogado."

Para ver la entrevista que nos hizo la sexta, podéis pinchar aquí.

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"España ha perdido el primer pleito de los 27 que tiene planteados en el Banco Mundial por los recortes aprobados en las primas a las energías renovables. Este mes, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias ha estimado parcialmente la demanda de un fondo de inversión luxemburgués (Eiser Infraestructures), titular de parte de tres plantas termosolares de 50 MW cada una, ubicadas en Extremadura y Castilla-La-Mancha. Es el principio de una batalla legal que, según expertos como el abogado Piet Holtrop, llegará al Tribunal de Justicia de la UE y que no ha hecho sino animar la litigiosidad en el sector. El importe de las reclamaciones supera los 4.000 millones.

España es terreno abonado. En el país funcionan ya algunos como Therium o Equanimity. Therium se fundó en 2009 en Londres y ha llegado a España. Como Equanimity, impulsado entre otros por el abogado Holtrop y centrado en las reclamaciones de inversores fotovoltaicos a través de swaps, son conocidos como los third party funding.  Son una especie de terceros en discordia  -o concordia, depende del punto de vista- que han visto en España un interesante espacio de negocio."

Para leer el artículo completo podéis pinchar aquí.

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“La pobreza energética es sólo una de las consecuencias de la situación de crisis económica, ambiental y social que vivimos, donde miles de personas no tienen recursos suficientes para poder cubrir sus necesidades más básicas, entre las que se encuentran el consumo de energía eléctrica y térmica. No obstante, la particularidad de la pobreza energética es que es, principalmente, un problema regulatorio, y como tal, se puede solucionar o al menos aliviar sustancialmente mediante cambios normativos.”

 

En este artículo, publicado en el Colegio de Ambientólogos de Catalunya (leer aquí), Daniel Pérez explica las deficiencias regulatorias que hacen que en el sistema actual de bono social las personas con pobreza energética no se puedan beneficiar de él, y en cambio, otras personas que no están en esa situación, sí que lo hagan. 

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"Según el informe de la Secretaría de Estado de Energía (firmado por Alberto Nadal, ahora secretario de Presupuestos, el pasado 13 de octubre) sobre la Proposición No de Ley 122-17 CPL 2360 sobre medidas urgentes de fomento del autoconsumo eléctrico del grupo parlamentario de Ciudadanos al que ha tenido acceso El Periódico de la Energía, el Gobierno vetará cualquier medida que haga bajar el precio de la luz o fomente el ahorro de energía eléctrica porque “tendría un impacto presupuestario por una menor recaudación tributaria (menor recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuesto especial de electricidad e impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica)”.

Dicho informe asegura que el autoconsumo eléctrico tendría un impacto negativo en las cuentas del Estado. Según la SSE, habría un “impacto asociado por menor demanda y por tanto menor precio en el pool eléctrico”, entre otros.

“Es increíble, nunca he visto nada igual procedente de un Gobierno”, afirma Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables. “Penaliza tanto el ahorro directo como el inducido”, afirma Morales. “Lo que nos está diciendo el Gobierno es que no va a aprobar ninguna medida que haga bajar el precio de la luz porque recaudaría menos. Es una salvajada”.

En palabras parecidas se muestra también Daniel Pérez, socio del bufete Holtrop. “El informe del Gobierno, que no cita fuentes, tiene en cuenta solo una cara de la moneda como es la supuesta reducción de ingresos, y no la otra, que el el incremento de los ingresos fiscales que genera el autoconsumo (venta de instalaciones, IRPF de trabajadores, etc). Por no hablar del incremento de las rentas disponibles que tendrían los consumidores si se abaratara la electricidad”, afirma el abogado.

“¿Alguien se imagina a un Gobierno criticando la bajada del precio del petróleo porque cobrará menos impuestos?”, se pregunta Daniel Pérez. “A que no”, apostilla."

Para leer el artículo completo, puedes pulsar aquí.

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"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su composición de Gran Sala, publicó el 21 de diciembre una sentencia en la que confirma una idea que yo he defendido siempre: una vez que se declarara nula una reforma que haya infringido los principios fundamentales de la Unión Europea sus efectos serán igual de retroactivos que la infracción. Es curioso como una cosa tan de cajón puede llegar a ser tan revolucionaria.

Otra cosa que han dejado claro los jueces en Luxemburgo es que los argumentos no jurídicos no tienen lugar en una sentencia que pretende interpretar el Derecho. Hablo de las valoraciones coyunturales de economía en general, o de la vulnerabilidad económica o financiera del infractor como atenuantes o de efecto limitador al daño recuperable de la víctima. A nivel político se entiende, pero justamente en Derecho no deberían tener papel decisivo, incluso mejor ninguno. Mejor no incentivar un comportamiento perverso a instituciones too big to fail. Lo que se trataba aquí era de si los bancos tenían o no que devolver unas cantidades cobradas indebidamente.

La cantidad de valoraciones de este tipo es un buen medidor de la politización de las instituciones judiciales de un país. En las sentencias que conozco de nuestros más altos tribunales, como puede ser por ejemplo el Supremo, he visto reiteradamente que no tenía que sorprender a los productores de energías renovables que tendrían que ser recortados en tiempo de crisis, como todos. Como he dicho, eso es una apreciación no jurídica, no propio del análisis de la confianza legítima como principio de derecho europeo."

Para leer el artículo completo de Piet Holtrop, podéis pinchar aquí.

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Las renovables y la eficiencia son clave para la creación de empleo, el ahorro y el crecimiento económico 

En su lucha por liderar la transición hacia una economía más sostenible, la Comisión Europea ha presentado una propuesta para poder cambiar la legislación vigente sobre energías renovables y autoconsumo de energía. A las medidas propuestas se las conoce como Paquete de Invierno y tienen tres objetivos fundamentales: dar prioridad a la eficiencia energética, convertir la Unión Europea en líder mundial de energías renovables y ofrecer un trato justo a los consumidores. 

Para muchas organizaciones ecologistas el paquete es un avance, aunque insuficiente. Más optimista se muestra Daniel Pérez, del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, quien opina que “es una medida muy positiva porque supone un cambio hacia mejor desde el punto de vista español porque la normativa propuesta es mucho mejor que la vigente en la actualidad en España, supone un avance considerable”. 

Para leer el artículo completo, podéis pinchar aquí.

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"Se avecinan tiempos apasionantes energéticamente hablando. La época de los gobiernos que gozaban de facto del monopolio de la iniciativa legislativa en materia energética y de los parlamentos que se convertían en un mero trámite formal en la aprobación de las normas ha concluido (al menos temporalmente). El actual Gobierno tendrá que negociar, dialogar, ceder y alcanzar acuerdos para poder regular en el sector energético. Por Daniel Pérez.

Aunque el Gobierno mantendrá, como es lógico, el poder para aprobar reales decretos, éstos tendrán que obedecer a lo que digan las leyes y reales decretos-leyes, que necesariamente pasan por el Parlamento, con enmiendas las primeras, y con un sí o un no los segundos. 

¿Qué no me creen? Les entiendo, después de tantos años de rodillo de la mayoría y de normas aprobadas sin diálogo alguno con el sector, es normal. Pero permítanme ponerles tres ejemplos concretos de temas vitales para el sector energético en los que ya se atisba ese parlamentarismo energético del que les hablo: el autoconsumo, la movilidad eléctrica y la pobreza energética."

Para leer el artículo completo, podéis pinchar aquí.

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"La Unión europea ha anunciado este miércoles el contenido de la iniciativa 'Clean energy for all Europeans', una directiva orientada al periodo 2021-2030 para "mantener la competitividad de la UE en la transición hacia las energías limpias que están transformando los mercados energéticos globales. Y dentro de esas medidas, el autoconsumo energético ha recibido un importante respaldo por parte de las autoridades europeas, que de hecho contradicen en parte el decreto de autoconsumo aprobado en España en octubre de 2015.

Dentro de las propuestas que afectan a los consumidores, el texto recoge que "los consumidores o comunidades de consumidores tendrán derecho a producir, almacenar o vender su propia electricidad, pudiendo beneficiarse de la caída de costes de los paneles solares para los tejados y otras unidades de generación de pequeña escala para ayudarles a reducir las facturas de la luz". También se defiende el autoconsumo compartido entre hogares, edificios e industrias

Esto choca frontalmente con la regulación del autoconsumo en España, que prohíbe tanto el autoconsumo compartido como que los autoconsumidores viertan sus excedentes de energía a la red, y por tanto que la vendan o saquen cualquier beneficio de ella. Esta posibilidad, en su formato de balance neto (que la electricidad producida y no consumida se vierta a la red eléctrica general, y posteriormente se compense cuando la demanda sea más alta que la producción), que ya se aplica en otros países, es una de las reclamaciones que los defensores del autoconsumo llevan meses reclamando también para España, de momento sin éxito. 

"Se trata de un texto muy positivo" opina Daniel Pérez, abogado de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, "ya que pone límites y objetivos muy concretos, para evitar conflictos como ha ocurrido con legislaciones anteriores: en el régimen a 2020 los objetivos eran más ambiciosos, pero faltaban medios para llevarlos a cabo; estas nuevas normas son menos ambiciosas pero hay más instrumentos para que la comisión pueda actuar". Hay que recordar que este es un texto preliminar que aun debe ser sometido a modificaciones y recursos antes de ser aprobado."

Para leer el artículo completo, podéis pinchar aquí.

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"Desde este pasado viernes, Álvaro Nadal es el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, un ministerio en el que tendrá que lidiar con unas amplias competencias, y en algunas de ellas hay importantes cuestiones pendientes por resolver. En el frente energético destaca uno de sus principales retos: ¿qué hacer con la legislación sobre el autoconsumo energético y el llamado 'impuesto al sol'?. [...]

Impuesto al sol, ¿sí o no?

En octubre de 2015, el anterior gobierno aprobaba el real decreto de autoconsumo, impulsado por la secretaría de Estado dirigida hasta ahora por Alberto Nadal, hermano gemelo del nuevo ministro. Fue un texto que imponía una serie de tasas a las instalaciones de autoconsumo (entre otras el llamado 'impuesto al sol') además de una serie de requisitos administrativos. Despertó una fuerte oposición y fue tildado de disuasorio por las empresas del sector, las organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y los demás partidos políticos.

 

Alberto Nadal, anterior secretario de Estado de Energía e impulsor del decreto de autoconsumo
Alberto Nadal, anterior secretario de Estado de Energía e impulsor del decreto de autoconsumo

Estos últimos decidieron tomar medidas: todos los partidos políticos presentes en Congreso de los Diputados (en el que se conformó tras las elecciones de noviembre de 2015) a excepción del PP y de UPN se comprometieron a modificar este decreto tan pronto como la formación de un gobierno lo hiciese posible. De hecho, Ciudadanos incluyó esa condición en el acuerdo de gobierno que firmó con el Partido Popular en enero de este año. 

La cláusula concreta era la siguiente: "Se eliminarán las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente (coloquialmente conocido como impuesto al sol) con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio". Ahora, el PP ya ha formado gobierno y se ha comprometido a mantener ese pacto, y por tanto a eliminar el impuesto al sol, pero el nuevo ministro de Energía es quien tendrá que tomar la decisión. 

"Vamos a darle un voto de confianza"

Nadal fue responsable de temas de energía en Génova cuando el PP estaba en la oposición, y desde la Oficina Económica del Gobierno, puesto que ocupaba hasta ahora, fue uno de los ejecutores del recorte a las energías renovables que supuso la reforma energética.

Ante su nombramiento como ministro de Energía, el sector de las energías renovables ha adoptado una postura de expectación escéptica, a la espera de que comience a ejercer como tal. “Vamos a darle un voto de confianza. Nadal es intelectualmente brillante, está preparado para gestionar un sector tan complejo como el energético. Esperamos que mantenga una actitud dialogante”, dice Daniel Pérez, abogado de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético."

Para leer el artículo completo, podéis pinchar aquí.

 

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"¿Cuál es la historia reciente del César Vea actor y ahora mismo director de cine?

Mi historia es la de alguien que hace unos cuantos años, en 2007, invirtió sus ahorros de muchos años de trabajo y un crédito bancario, junto con su familia, en un proyecto que el mismo Gobierno había alentado públicamente y que tenía el atractivo de contribuir a un mundo más ecológico, más natural y con la posibilidad de crear riqueza, trabajo e industria en el sector energético, en el que España tenía que importar la materia prima porque hasta el desarrollo de las energías renovables carecíamos de ella.

Y es también la historia de quien ahora se ve arruinado por una decisión injusta y con una inversión de un millón de euros sin pagar y sin que la justicia nos ofrezca una mínima salida a la arbitrariedad y el engaño manifiesto que suponen las diferentes normativas antirrenovables aprobadas por los gobiernos de Rajoy y Zapatero.

¿Puedes contarnos algo de tu instalación?

Nuestra instalación se levantó en 2008, en Villar de Arnedo, un pequeño pueblo de La Rioja. Nos costó un millón de euros y mi hermano y yo aportamos el 20% del coste y financiamos el resto con un préstamo. Los 100 kW de potencia instalada quizá con la tecnología actual de hoy en día podrían generar la misma energía con el 20% del coste. Eso también debería implicar una reducción del precio de la electricidad, pero el recibo continúa subiendo, lo que demuestra que los ingresos se los reparten entre unos cuantos y lo pagamos todos.

¿Cuál es la situación judicial actual?

El Tribunal Constitucional nos ha dado la espalda y ahora estamos recurriendo al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Con la ayuda del Despacho Holtrop estamos intentando divulgar lo injusto de nuestra situación, que es la de 62.000 familias en España. En Bruselas hemos contado con la colaboración de los eurodiputados de Podemos y hemos podido proyectar el cortometraje para ofrecer una pincelada de la situación en España con respecto a las renovables."

 

Para leer la entrevista completa al actor César Vea, puedes pinchar aquí.

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El decret d'autoconsum ha frenat en un any el creixement de l'energia fotovoltaica

Ja ha fet un any que es va aprovar el reial decret 900/2015 de producció d'energia elèctrica amb autoconsum i el desconcert que ha generat no minva, amb centenars d'instal·lacions fotovoltaiques que no s'han registrat, restant al marge de la llei, per no pagar l'anomenat “l'impost al sol” que, per falta de desenvolupament de la norma, no s'ha previst com cal liquidar-lo.

La raó de desafiar la llei és ben comprensible: el reial decret estableix que l'electricitat solar de l'autoconsum ha de pagar un càrrec per l'ús de les xarxes de transport, com l'energia convencional, cosa que fa poc rendible instal·lar plaques fotovoltaiques per autoabastir-se d'energia. Segons algunes estimacions, a l'Estat espanyol hi hauria 45 MW fotovoltaics d'autoconsum connectats, dels quals només un 20% s'haurien inscrit al registre del Ministeri d'Indústria i Energia.

El reial decret ha tingut un doble fracàs: ha frenat dràsticament la instal·lació de plaques solars, d'una banda, i no té l'eina per cobrar la taxa. Com diu l'advocat Daniel Pérez, de la firma Holtrop, “hi ha un grau d'obediència a la norma baix, però el pitjor és que el nombre d'instal·lacions no puja.”

A més, “cap instal·lació ha pagat, cosa que no es diu perquè al govern espanyol no li interessa que se sàpiga que ha fracassat.” Tot plegat pot ser un problema de ca l'ample, “ja que més endavant moltes instal·lacions hauran de pagar retroactivament”.

Para leer el artículo completo, podéis pinchar aquí

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El secretario de estado de Energía, Alberto Nadal, sustituyó las primas por la "rentabilidad razonable". Ello supuso que el precio del kilovatio renovable (lo que se le paga al productor de kilovatios hora renovables) bajara hasta un 50% en algunos casos, comprometiendo la viabilidad misma de las empresas propietarias de esas instalaciones. La Asociación Empresarial Eólica acaba de presentar el primer balance trienal del impacto que ha supuesto ese cambio sobre su sector, el eólico. ¿Conclusión? "El error en el diseño del propio sistema impide que las empresas lleguen al objetivo del 7,39% [rentabilidad razonable] que supuestamente les garantiza la ley".

El Ejecutivo Rajoy decidió en 2013 recortarle los ingresos a los productores de electricidad renovable (solar, eólica, biomasa). 

¿Cómo?
Encargando al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (organismo dependiente del ministerio) que contrate (por casi 600.000 euros) a dos consultoras privadas -Roland Berger y Boston Consulting- para que averigüen cuánto invirtieron las empresas en montar sus instalaciones (eólicas, solares...) y cuánto gastan en su operación y mantenimiento. En teoría, una vez sabidos esos números, Soria y Nadal aplicarían su rentabilidad razonable a cada instalación: el susodicho y discrecional 7,398%. El caso es que, en junio de 2014, el Ejecutivo aprueba la normativa de la rentabilidad razonable. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que todos los afectados denuncian que los números a partir de los cuales se establece la “rentabilidad razonable” están desinflados. […]

Algunos sectores han sido afectados de manera particularmente acusada
Un informe encargado por el despacho de abogados Holtrop al consultor especializado en energías renovables Alberto Ceña revelaba en febrero del año pasado que las 1.258 instalaciones solares fotovoltaicas que había estudiado “presentan una pérdida patrimonial que asciende a los 211 millones de euros”, o sea, que, como consecuencia de la reforma, van a dejar de ingresar esa cantidad de dinero a lo largo de su vida útil.

Para leer el artículo en su totalidad, podéis pinchar aquí.

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"La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha abierto hoy (nota Holtrop:  el 28/09/2016) en la capital de Cataluña la jornada «España: un Gobierno contra las renovables». Sanz, que es directora del área de Ecología, Urbanismo y Movilidad en el consistorio barcelonés, ha explicado que el Estado Español es "una anomalía en relación al resto de los países del mundo en materia de energías renovables". [En la imagen, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, artífice del impuesto al sol e ideólogo de la reforma energética que ha supuesto recortes de hasta un 50% en la retribución del kilovatio hora fotovoltaico].

"Una anomalía"

El Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña (CEEC) y el despacho de abogados Holtrop SLP Transaction & Business Law han organizado hoy una jornada de debate sobre el sector solar fotovoltaico titulada «España: un Gobierno contra las renovables». El encuentro ha incluido el estreno en Barcelona del documental «El camino del Sol», realizado con la colaboración de la Fundación Renovables, Som Energia, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y el actor César Vea, que ha dirigido el documental.

Para leer el artículo en su totalidad, podéis pinchar aquí

 

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Este artículo ha sido escrito por Daniel Pérez Rodríguez, socio de Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law y fue publicado en el Periódico de la Energía el 8 de septiembre 2016.

 

Una historia de renovables y ladrillos

Imagina, amable lector, que eres propietario de un piso vacío y a reformar, y que a mí me hubieran trasladado en el año 2007 a trabajar en tu ciudad de forma definitiva. Como tu piso está anticuado, te comprometes a realizar las importantes inversiones necesarias para acondicionar la vivienda a cambio de un compromiso por mi parte de quedarme en el piso durante 30 años, para que así puedas amortizar tu inversión. Pactamos un precio de 700 EUR de alquiler, actualizables anualmente según el IPC, que tendré que abonarte durante los primeros 5 días de cada mes. Y para mayor seguridad, elevamos el contrato a escritura pública y lo inscribimos en el correspondiente registro oficial.

Pues bien, imagina, que tras tres años viviendo en tu piso y pagando el alquiler pactado, a finales de 2010 decido unilateralmente que en vez de 30 años, reduciré la duración del contrato a 25. Y unos días después, debido a que el precio de la vivienda ha bajado y que hay crisis económica, tomo la decisión de pagarte las mensualidades hasta el mes de septiembre de cada año, dejando de pagar las tres últimas.

Pero es que además, en 2012, decido que como los vecinos hacen mucho ruido, y ello exige comprarme unos tapones para dormir, te pagaré un 7% menos de alquiler cada mes. Al año siguiente opto por establecer que el precio del alquiler se mantenga constante cada año, eliminando la actualización del alquiler según el IPC. Y que en vez de pagarte la cuantía íntegra cada mes, te pagaré un porcentaje, pagándote el resto cuando cobre el dinero que me deben diferentes acreedores.

Crecido ante las mejoras en el contrato que estoy logrando para mis intereses, en el año 2013 decido cambiarte la forma de calcular el precio del alquiler según un método que ya estableceré más adelante, y mientras tanto, te pago a cuenta. Al año siguiente, por fin, fijo el método. Decido que te pagaré una cantidad variable, de forma que a lo largo de los 25 años de alquiler tú consigas una rentabilidad razonable, que se determinará en función de la rentabilidad que me den los bancos por un depósito a 10 años. Esa rentabilidad se calculará teniendo en cuenta unos costes de inversión de la vivienda y los costes de mantenimiento. Pero no tus costes reales, sino unos costes estimados, suponiendo que fueras un “propietario modélico”. Y claro, para establecer cuánto te costó el piso, no puedo tener en cuenta lo que tú pagaste, sino lo que le costó al constructor la urbanización entera, es decir, el “conjunto de viviendas”, por situarse a menos de 500 metros la una de la otra. En tus costes no tendré en cuenta los impuestos autonómicos y locales, y de tus ingresos restaré las ayudas a la rehabilitación de viviendas que recibiste cuando hiciste la obra. Por supuesto, también te restaré todo lo que te he pagado estos años a la hora de calcular lo que te queda por cobrar para que te salga la rentabilidad que me parece razonable. Ah, y cada seis años te iré actualizando el alquiler que te pagaré. De momento, eso es todo.

Bueno, se me olvidaba. Si decidieras terminar el contrato de alquiler y venirte a “autoconsumir” tu vivienda, tendrás que pedir permiso a la inmobiliaria de la zona, lo que puede tardar varios meses, y te cobraré un canon, en concepto de compensación al resto de propietarios que no te pueden alquilar su vivienda, porque vives en la tuya. Y queda terminantemente prohibido que compartas el “autoconsumo” de tu vivienda con otras personas, pues el daño para los propietarios de viviendas en alquiler sería aún mayor.

PD. El presente relato está basado en hechos reales. No en el sector inmobiliario, por supuesto, donde es inconcebible que suceda algo así. En cuanto el inquilino se pasa de la raya, desahucio y todo solucionado. Estos hechos han sucedido en el sector de las renovables. Sólo hay que sustituir al autor de estas líneas por el Ministerio de Industria del Reino de España y al paciente lector por un productor cualquiera de energías renovables.

Lo malo del relato no sólo es que haya un Ministerio o una persona que actúe de esta forma, como en el caso que se ha relatado. Lo verdaderamente grave es que los encargados de interpretar las normas, es decir, los Tribunales, hayan decidido que la conducta del Ministerio pueda ser conforme a Derecho y que los productores de renovables tienen el deber de soportar todos esos cambios unilaterales que se han ido describiendo, o todos los que se pudieran imponer en el futuro, con tal de que el Ministerio declare que la rentabilidad que obtienen los productores de renovables es “razonable”.

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"L'anomenat "impost del sol" ha posat en alerta tot el sector de les renovables. Va entrar plenament en vigor el passat mes d'abril i grava els sistemes d'autoconsum elèctric, és a dir, que aquells particulars o empreses que s'abasteixen de forma autònoma amb plaques fotovoltaiques han de pagar per contribuir a sufragar els costos del sistema elèctric estatal. Tots ells, i també la Generalitat, han presentat recursos a la justícia. 

 
Una d'aquestes càrregues afegides és un comptador específic que recull l'electricitat generada de forma autosuficient. Manel Romero, delegat a Catalunya de la UNEF, explica que l'impacte econòmic del Decret pot arribar a pèrdues del 10% de l'estalvi en cada cas: "fa que tinguem un estalvi menor quan fem autoconsum i, amb l'obligació de col·locar aquests comptadors que fiscalitzen el consum, provoquen sobrecostos inassumibles".
 
L'impost del Sol posa en alerta el sector de les renovables: L'impost del Sol del Partit Popular posa en alerta el sector de les renovables
 

L'impost, però, no és l'única barrera. L'advocat especialista en autoconsum, Daniel Pérez, assenyala que les autoritzacions són el veritable problema a l'hora d'instal·lar-se aquests sistemes alternatius: "no és només el Ministeri qui t'ha d'autoritzar, sinó que també ho ha de fer l'elèctrica".

Ara mateix hi ha dos recursos plantejats a la justícia. La Generalitat ha presentat recurs al TC al·legant que té competència en la matèria, i des de particulars fins a organitzacions com Greenpeace han dut el Decret espanyol al TS. Pérez detalla que amb el 75% de les instal·lacions que no s'han adaptat a la nova normativa " creiem que no s'aplicaran les multes previstes", però desconfia en el sentit que el Decret segueix sent-hi.

Actualment, Catalunya s'abasteix al 53% per l'energia nuclear, i les renovables només representen el 18% de la producció de l'energia. Ser 100% renovables seria possible? Manel Romero recorda que "molts estudis han demostrat que ser 100% renovables és possible. No d'un dia per l'altre, però Catalunya i Espanya té sol i vent per arribar-hi".

Els experts coincideixen en què l'aportació que pugui fer a la sostenibilitat el sistema de l'autoconsum anirà en augment, i que les grans elèctriques no podran girar l'esquena a l'evolució tecnològica en el sector de la fotovoltaica..."

Para tener acceso al artículo publicado así como al audio en www.cadenaser.com podéis hacer clic en este enlace.

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Aragón fue la primera ante el Tribunal Supremo, Cataluña fue después ante el Constitucional. Murcia declaró la guerra antes aprobando su propia ley de autoconsumo

"Hace ya más de 8 meses que el Real Decreto 900/2015 que regula el autoconsumo eléctrico en España instauró el llamado impuesto al sol y de momento nadie lo está pagando, porque no saben cómo. El texto impulsado por el Ministerio de Industria aplazaba a desarrollos posteriores la explicación de cuál sería esa nueva tasa y cómo debería abonarse. Entre la polémica creada tras el RD y la parálisis política, esos desarrollos aun no han llegado. 

 

Mientras tanto, algunas comunidades autónomas han continuado con la oposición a la norma que mostraron antes de su aprobación, llevándola ante los tribunales u oponiéndose a ella por la vía legislativa. De una u otra forma, Aragón, Cataluña y Murcia están peleando contra el impopular decreto......"

Para seguir leyendo podéis hacer clic en este enlace.

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11 de agosto de 2016, Vozpópuli: "Los hogares con placas solares exigen al Gobierno indemnizaciones por el cambio de las normas", por Baltasar Montaño.

Los pequeños inversores en instalaciones de autoconsumo que puedan demostrar con facturas los sobrecostes en sus instalaciones para adaptarse al nuevo RD podrán reclamar una indemnización ante el Consejo de Ministros antes del 10 de octubre de este año.

El Gobierno la ha liado con el Real Decreto de Autoconsumo y su inconcreción en algunos de los aspectos normativos que incluye ha abierto la puerta a que los pequeños inversores que colocaron sus placas solares de autoconsumo antes del 10 de octubre de 2015, día de su entrada en vigor, puedan reclamar indemnizaciones o compensaciones por todos aquellos gastos en los que han tenido que incurrir para adaptarse a los nuevos requerimientos.

Según los expertos jurídicos especializados en energías renovables, todos aquellos promotores de una instalación de autoconsumo en viviendas, centros de trabajo, naves, granjas que puedan probar con facturas el coste real para adaptar su planta solar a las exigencias del Real Decreto podrán "reclamar por vía administrativa, sin necesidad de abogado ni procurador al Consejo de Ministros, que fue el que aprobó la norma".

"Tienen de plazo hasta el 10 de octubre de 2016, que es cuando se cumple un año desde la aprobación del RD. En caso de no recibir contestación del máximo órgano de decisión del Gobierno, el siguiente paso es acudir a la vía judicial para reclamar estos sobrecostes sobrevenidos por el carácter retroactivo de una norma que establece exigentes requerimientos administrativos y nuevos peajes y pagos (impuesto al sol), y que al estar por encima de la ley autonómica que amparó el desarrollo de estas instalaciones anula, con carácter retroactivo, los planteamientos de aquella", añaden estas fuentes. 

La reclamación se hace por vía administrativa, no necesita ni abogado ni procurador, y si el Consejo de Ministros no contesta o desestima hay que acudir a la vía judicial

El principal argumento al que se pueden aferrar los afectados por los cambios introducidos en el RD que se aprobó a dos meses de las primeras elecciones generales es que el propio Gobierno ha reconocido ante el Tribunal Constitucional que la Administración pública tendrá que indemnizar a los inversores que colocaron placas solares bajo normativas autonómicas.

El temor del Ministerio de Industria, cuya parte energética está casi exclusivamente en manos del Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ante la falta de ministro (Luis de Guindos sólo tutela el Ministerio), es que si el Constitucional no suspende de urgencia la norma murciana de energías renovables, que ampara el desarrollo del autoconsumo solar, los promotores de instalaciones de esa región podrán exigir indemnizaciones por todas las inversiones que realicen si finalmente esta norma es anulada.

Los expertos creen que el TC anulará esta norma por inconstitucional al estar en confrontación con una de rango mayor, el Real Decreto de Autoconsumo, algo que no ocurrirá "antes de dos o tres años". En este periodo de tiempo, los autoproductores murcianos de electricidad seguirán desarrollando e invirtiendo en sus instalaciones porque la norma autonómica no ha sido suspendida temporalmente y se lo permite.

Si se anula, los afectados pedirán daños y perjuicios al Gobierno central o a la propia Administración autonómica, dado que tendrán que volver a invertir para adaptarse a las exigencias del Real Decreto, que es el que rige sus instalaciones.

El propio Gobierno avisa al Constitucional que teme tener que afrontar estas indemnizaciones en Murcia si no se suspende la Ley regional de energías renovables

Nadal y su equipo han mandado un informe de urgencia al TC para alertar de esta situación, que de mantenerse podría tener un importante coste para el erario público, que tendrían que afrontar los pagos por el daño patrimonial sufrido por los afectados.

Industria reconoce que con la norma se ha dañado "la confianza legítima" de las inversiones y pide al TC que suspenda la norma murciana para evitar un mal mayor al permitir que los particulares sigan invirtiendo.

Pero el problema va más allá, porque los autoconsumidores murcianos no serían los únicos afectados por el lío normativo en el que se ha metido el Gobierno.

Hay centenares de pequeños inversores que han instalados sus placas bajo las normas de sus comunidades autónomas (Cataluña, Baleares, Extremadura…).

El abogado especializado Daniel Pérez, del despacho Holtrop, ha señalado a Vozpópuli que si las instalaciones murcianas que se pusieron en marcha bajo la norma regional y que siguen su desarrollo tienen derecho a indemnización en caso de anulación de la Ley, lo mismo tendría que ocurrir con todas aquellas que se desarrollaron en el resto de España en los años anteriores a la aprobación del Real Decreto de rango nacional.

“Aquellos inversores que montaron una instalación de autoconsumo entre 2011, por ejemplo, y octubre de 2015, bajo normativas autonómicas se encontraron con un nuevo RD de rango superior que les establece peajes e impuestos no previstos. Si se reconoce el derecho de indemnización a los murcianos, esto sentaría precedente para que el resto de inversores también pudiera reclamar esa indemnización”, añade.

El informe que Industria ha enviado al TC ya lo tiene también el Tribunal Supremo, ya que ha sido aportado por el despacho Holtrop en los procesos abiertos que mantiene en el Alto Tribunal en defensa de sus clientes renovables.

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Artículo publicado el pasado día 8 de agosto de 2016 por nuestro socio Daniel Pérez Rodríguez en Zona Crítica de El Diario, periódico online.

"Es frecuente oír hablar, sobre todo en campaña electoral, de la “nacionalización del sector eléctrico”, en su acepción coloquial, referida al proceso de conversión de activos eléctricos privados en bienes del Estado, por oposición a la idea de “privatización”. El término nacionalización es normalmente empleado por sus detractores asociándolo a algo propio de países como Venezuela o Cuba. No obstante, en el sector eléctrico español ya ha habido procesos de nacionalización, orquestados por los partidos tradicionales, y que prueban que la gestión pública de activos eléctricos estratégicos puede resultar una alternativa legal y viable.

A diferencia de lo que sucede en la mayoría de países de Europa, donde hay una o varias grandes compañías eléctricas de titularidad estatal (Enel en Italia o EDF en Francia), en España la regla ha sido históricamente que el sector eléctrico esté en manos de empresas privadas, con la excepción de Endesa, que durante algunos años fue pública (y que ahora vuelve a serlo, pero del Estado Italiano)...................."

Para leer el artículo en su totalidad, podéis hacer click aquí.

 

 

 

 

 

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Vozpópuli ha publicado el 8 de agosto de 2016 el siguiente artículo: 

El actor riojano César Vea, conocido por películas como el ‘Laberinto del Fauno’ o ‘Torrente’ y series como ‘Isabel’ o ‘Doctor Mateo’, está arruinado (y muy cabreado), al igual que las “62.000 familias españolas” que invirtieron parte o todos sus ahorros en plantas solares fotovoltaicas al calor de las atractivas primas y ayudas que promovió el Gobierno de Zapatero desde 2007.

Después llegaron los recortes, el primero del propio Zapatero (2010-11) y posteriormente el conocido como hachazo renovable que promovió el Gobierno de Rajoy a través de su ministro de Industria, José Manuel Soria.

Vea y su hermano han vivido un verdadero calvario desde que instalaron su parque solar en El Villar de Arnedo (La Rioja), en 2010, un calvario que es extensible a esos miles y miles de pequeños ahorradores que apostaron por la energía solar y que ahora se ven reflejados en ‘El camino del Sol’. 

 Pinchando en el siguiente enlace podéis ver el trailer del corto: Trailer "el camino del sol"

"El corto refleja a través de entrevistas el drama personal de muchos particulares y familias que han perdido sus casas y se han arruinado tras el hachazo al sector fotovoltaico"

Este cortometraje de 20 minutos ha sido dirigido por el propio Vea, con el mecenazgo de la asociación de defensa de los inversores fotovoltaicos Anpier, a la que el mismo pertenece. Mitad realidad, mitad ficción, el corto, estrenado hace dos meses en Logroño, refleja a través de varias entrevistas con afectados el sufrimiento personal de muchos particulares y familias que se han arruinado por culpa de los recortes y cambios normativos infligidos al sector por los dos gobiernos.

El propio Vea representa uno de esos ejemplos. Junto a su hermano se embarcó en la aventura de invertir un millón de euros en la planta solar riojana, aportando un 20% de sus ahorros y el resto financiado por los bancos. Su planta comenzó a sufrir los primeros recortes, con efecto retroactivo, y llegó un momento que con los ingresos no alcanzaba para afrontar los pagos con los bancos.

Comenzaron los embargos de las propiedades con las que avalaron (él y su hermano) el préstamo bancario y con el asesoramiento de Anpier se lanzaron al imprevisible mundo judicial. Por tres veces, la última del Tribunal Constitucional, la Justicia española le ha dado la razón al Goliat Estado y se la ha quitado al pequeño David, encarnado en un César Vea al que sólo le queda la esperanza de que, al menos, le hagan caso en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Vea, asesorado por el bufete especializado Holtrop, presentará en septiembre ante este Tribunal una demanda por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y por discriminación. Lo sangrante de su caso es que a todas las instalaciones calificadas como “menos OK” les dejaron seguir operativas con la prima, mientras que a la de Vea y su hermano se la negaron.

"El actor riojano presentará en septiembre ante el Tribunal de Derechos Humanos de la UE una demanda por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y por discriminación"

En definitiva, Su planta fue declarada ilegal y él se ha quedado sin nada; sin planta solar, sin casa y sin patrimonio privado. Una tragedia personal que han sufrido en España más de 60.000 familias, según los datos de Anpier, que en realidad son medio millón de personas de forma directa e indirecta.

El actor riojano se esfuerza estos días porque ‘El camino del Sol’ (ver corto completo) se vea no sólo en España, sino también fuera, dado que el desarrollo de las renovables está promovido y protegido por la propia Unión Europea y hay importantes fondos e inversores institucionales que también apostaron por este negocio en España y han acabado denunciando en tribunales y arbitrajes al Reino de España por los cambios regulatorios y el efecto retroactivo de los recortes de primas.

El corto-mediometraje será subtitulado en inglés y Vea ya piensa en hacer una película denuncia. Pero el futuro de Vea y sus miles y miles de compañeros de viaje fotovoltaico es negro, muy negro. La Justicia en España está dando la razón al Estado. Las normas que sustentaron el hachazo renovable, pese a no estar algunas de ellas respaldadas por memorias económicas e informes preceptivos, siguen en vigor y el Tribunal Supremo ya ha empezado a quitar la razón a los pequeños promotores fotovoltaicos (hay más de 400 denuncias presentadas en el Alto Tribunal).

Algunos de ellos han acudido a la desesperada al Comité de Peticiones del Parlamentoeuropeo para pedir que la UE exija explicaciones al Gobierno y, en su caso, abra una investigación.

Mientras tanto, el sueño de Vea y Anpier sigue viajando por las salas de cine, teatros y centros culturales de media España.

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4 de agosto 2016, www.vozpopuli.com en portada: 

 

Continúa el artículo con unas declaraciones de Daniel Pérez, socio de Holtrop SLP Transaction & Business Law:

"Daniel Pérez, abogado del despacho especializado Holtrop, que ha elevado ese informe de Industria a los procesos abiertos en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de octubre de 2015, señala que si las instalaciones murcianas que se pusieron en marcha bajo la norma regional y que siguen su desarrollo tienen derecho a indemnización en caso de anulación de la Ley, lo mismo tendría que ocurrir con todas aquellas que arrancaron en el resto de España en los años previos a la aprobación de la norma de rango nacional.

Los hogares con placas solares de otras CCAA con instalaciones anteriores a octubre de 2015 tendrían derecho a ser indemnizados

“Aquellos inversores que montaron una instalación de autoconsumo entre 2011, por ejemplo, y octubre de 2015, bajo normativas autonómicas se encontraron con un nuevo RD de rango superior que les establece peajes e impuestos no previstos. Si se reconoce el derecho de indemnización a los murcianos, esto sentaría precedente para que el resto de inversores también pudiera reclamar esa indemnización”, avisa el abogado cántabro afincado en Barcelona."

Para leer todo el artículo podéis hacer clic aquí.

 

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El pasado 18 de mayo de 2016 tuvo lugar la decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo de Autogeneración y Balance Neto de Solartys/Secartys en presencia de un gran número de profesionales del sector de las renovables.

 

Daniel Pérez Rodríguez, socio de Holtrop SLP Transaction & Business Law, a su vez empresa socia de Secartys, hizo una intervención sobre el estado actual de las acciones llevadas a cabo contra el RD900/2015. Asimismo se presentaron los casos prácticos de algunas empresas para mostrar los problemas a los que se enfrentan a la hora de legalizar sus instalaciones de autoconsumo.

   

 

El artículo sobre la intervención de Daniel Pérez ha sido publicado en la Revista Secartys News nº 22, edición julio 2016.

Para leer la publicación en formato pdf, podéis hacer clic a continuación: 

 secartys-revista-n-22---14-grupo-de-trabajo-autogeneracin

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El Real Decreto de Autoconsumo parece no estar del todo bien elaborado, tiene fallos. Así lo ha llegado a reconocer en privado el mismísimo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que incluso está ya preparando algunos cambios para perfeccionar la normativa.

Lo que no parece tener bien atado el Ministerio de Industria es el carácter retroactivo de la norma. Las reautorizaciones que tienen que llevar a cabo las instalaciones de autoconsumo que ya estaban en funcionamiento podrían salirles caras a la Administración.

Según un informe de la Dirección General de Política Energética y Minas de la Secretaría de Estado de Energía sobre la anulación de la normativa de autoconsumo energético de la Región de Murcia al que ha tenido acceso El Periódico de la Energía, el Gobierno admite que tendrá que indemnizar a aquellas instalaciones que se realizaron bajo la norma murciana, siempre y cuando la norma murciana sea anulada. Ahora, el Gobierno tiene recurrida la ley ante el Tribunal Constitucional.

“Los promotores murcianos podrían realizar inversiones en nuevas instalaciones que, si la norma es anulada posteriormente, deberían volver a modificar técnicamente para adaptarlas a la normativa estatal, y cuyo régimen económico no se correspondería con el previsto al realizar su inversión -al tener que contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida-. Todo ello implicaría un importante perjuicio económico al inversionista............]

[.........El abogado de Holtrop SLP, Daniel Pérez, explica a este diario que el RD es ilegal “ya que el Gobierno está admitiendo en este informe que se ha roto la confianza legítima” y es por ello que piden al TS la suspensión de la normativa nacional.

“Considera que las instalaciones que se realizaron bajo la normativa murciana antes del Real Decreto hay que indemnizarlas. ¿Y qué pasa con el resto de instalaciones de otras CCAA?”, se pregunta Pérez.....]

Para leer este artículo en su totalidad, podéis hacer clic en este enlace.

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Entrevista a Piet Holtrop y Daniel Pérez, publicada en www.EnergyNews.es el 11 de julio de 2016. A continuación el texto íntegro de la entrevista: 

Holtrop: “Que hayamos presentado las reclamaciones patrimoniales no significa que hayamos aceptado la sentencia del Supremo”

 

Los servicios jurídicos de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Anpier, y el despacho Holtrop SLP Transaction & Business Law presentaron el pasado martes ante el Tribunal Supremo recursos de reclamación patrimonial de miles de productores fotovoltaicos por el perjuicio económico sufrido por la entrada en vigor de la reforma del sector eléctrico. EnergyNews ha hablado con Piet Holtrop y Daniel Pérez, fundador y socio de Holtrop SLP Transaction & Business Law, respectivamente, para conocer más sobre esta iniciativa:

¿Qué diferencia hay entre este recurso y el otro recurso sobre el que se pronunció hace pocos días el Tribunal Supremo? 

Fundamentalmente, el primero pretendía anular la norma por el que se acometía la reforma energética y ahora pretendemos que los perjuicios económicos que causa esa norma sean resarcidos.

¿Qué porcentaje sobre el prejuicio económico causado podría ser recuperado de ganar el recurso?

Nosotros lo que pedimos, lógicamente, es que se resarza todo el daño. Es decir, la diferencia entre las primas que les prometieron a los inversores fotovoltaicos en el 2007 y las primas que cobrarán en función del nuevo sistema.

¿Van a reaccionar ante la sentencia del Tribunal Supremo?

Este recurso que hemos presentado ahora y el anterior son dos procedimientos distintos e independientes, uno no es la consecuencia del otro ni directamente causa aunque sean simultáneos. Que hayamos presentado las reclamaciones patrimoniales no significa que hayamos aceptado la sentencia del Supremo ni que demos por pérdida esa causa. Ya hemos anunciado con anterioridad que interpondremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y si no ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿La declaración por parte del Tribunal Constitucional de nulidad de la norma por la se reformó el sistema eléctrico supondría el resarcimiento económico automático?

Nosotros lo que pedíamos era el restablecimineto de la situación jurídica anterior a la norma que se anularía. En este sentido, si se anula la norma, sí, tendrían que reliquidarse las cuantías a pasado.

Como ciudadanos de la UE ¿No hay una desigualdad entre los inversores españoles y los extranjeros que han podido recurrir a arbitrajes internacionales?

Si aquí en España todos los magistrados cumplieran al pie de la letra sus deberes en el sistema judicial nacional no tendría porque darse esa desigualdad. Lo que ocurre es que aquí en España algunos magistrados pasan de esas obligaciones y nos encontramos ante una situación de hecho. Quiero decir, el sistema en sí presta todas las garantías que necesitan los ciudadanos, el problema es más de hecho, en el sentido de que en todos los litigios sobre renovables nunca nadie en el Tribunal Supremo se ha atrevido a llevar este asunto donde hay que llevarlo, esto es, a Luxemburgo.

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Publicado en www.energias-renovables.com el 6 de julio de 2016:

El Supremo deberá resolver si el Estado indemniza a los inversores fotovoltaicos

Casi 6.000 pequeños productores fotovoltaicos han presentado ante el Tribunal Supremo reclamaciones patrimoniales por el perjuicio económico sufrido con la entrada en vigor de la reforma energética impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La pieza clave de esa reforma fue la sustitución de las primas por la denominada "rentabilidad razonable", triquiñuela legal mediante la que el Ejecutivo Rajoy, so pretexto de combatir el déficit de tarifa, ejecutó de facto un recorte a la retribución del kilovatio solar fotovoltaico que, en algunos casos, alcanza el 50%. [Contamos la historia aquí].

El Supremo deberá resolver si el Estado indemniza a los inversores fotovoltaicos

Los servicios jurídicos de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y el despacho de abogados Holtrop SLP Transaction & Business Law, que aglutinan a cerca de 6.000 pequeños reclamantes productores de energía fotovoltaica, presentaron ayer otros tantos recursos ante el Alto Tribunal -informa Europa Press-, dando así continuidad a la reclamación previa realizada el verano pasado ante el Consejo de Ministros, que no se pronunció ante las reclamaciones de los pequeños productores. Hace tan solo unas semanas, el Alto Tribunal, en el recurso interpuesto por Anpier contra dicha reforma, recordaba que, con independencia de la constitucionalidad o no de la norma, lo que resultaba incuestionable era la posible reclamación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

Los magistrados del Tribunal Supremo no se pusieron de acuerdo en principio
Tres votaron a favor de admitir a trámite el recurso; tres votaron en contra (hubo de desempatar el presidente, que tumbó la petición de Anpier). Así, el TS ha avalado la norma que rebajó la retribución de las plantas fotovoltaicas hasta en un 50%, si bien reconoce la posibilidad de que sea recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional. Eso sí: el TS ha dejado abierta la vía para que los que se sientan perjudicados puedan iniciar este camino. Según el secretario y abogado de Anpier, Juan Castro-Gil, los productores fotovoltaicos "no tienen el deber jurídico de soportar esta auténtica expropiación de sus derechos sin ser resarcidos por ello". En el mismo sentido se ha manifestado Piet Holtrop, del despacho Holtrop SLP Transaction & Business Law, que considera que el Estado español "tiene que hacerse responsable de alguna manera de la situación creada".

Sentencia del Tribunal Supremo

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Publicado el 5 de julio de 2016 en Europapress: Unos 6.000 productores fotovoltaicos reclaman ante el TS contra la reforma de Soria



Casi 6.000 pequeños productores fotovoltaicos han presentado ante el Tribunal Supremo reclamaciones patrimoniales por el perjuicio económico sufrido con la entrada en vigor de la reforma energética impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy durante el periodo en el que José Manuel Soria ejercía como ministro de Industria. Los servicios jurídicos de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y el despacho Holtrop SLP Transaction & Business Law, que aglutinan a cerca de 6.000 pequeños reclamantes productores de energía fotovoltaica, han presentado en la mañana de este martes otros tantos recursos ante el Alto Tribunal, dando así continuidad a la reclamación previa realizada el verano pasado ante el Consejo de Ministros, que no se pronunció ante las reclamaciones de los pequeños productores. Hace tan solo unas semanas, el Alto Tribunal, en el recurso interpuesto por Anpier contra dicha reforma, recordaba que con independencia de la constitucionalidad o no de la norma, lo que resultaba incuestionable era la posible reclamación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El Tribunal Supremo avaló por cuatro votos contra tres la legalidad de la norma que rebajó la retribución de las plantas fotovoltaicas hasta en un 50% -con la posibilidad de ser recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional-, pero dejó abierta la vía para los que se sintiesen perjudicados pudiesen iniciar este camino. Básicamente se corresponde con el camino seguido por fondos de inversión internacionales contra el Reino de España, solo que en el caso de éstos, la reclamación se realiza en foros de arbitraje internacional y con arreglo a la Carta de la energía, mientras que los recurrentes españoles lo tienen que hacer ante los tribunales nacionales. El secretario y abogado de Anpier, Juan Castro-Gil, ha manifestado que los productores fotovoltaicos "no tienen el deber jurídico de soportar esta auténtica expropiación de sus derechos sin ser resarcidos por ello". De su lado, Piet Holtrop, del despacho Holtrop SLP Transaction & Business Law ha reclamado que el Estado español "tiene que hacerse responsable de alguna manera de la situación creada".



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5 de julio de 2016, El Periódico de la Energía: "

Los fotovoltaicos reclaman en el TS responsabilidad patrimonial del Estado por el recorte a las renovables"

Casi 6.000 pequeños productores fotovoltaicos han presentado ante el Tribunal Supremoreclamaciones patrimoniales por el perjuicio económico sufrido con la entrada en vigor de la reforma energética impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy durante el periodo en el que José Manuel Soria ejercía como ministro de Industria.

Los servicios jurídicos de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y el despacho Holtrop SLP Transaction & Business Law, que aglutinan a cerca de 6.000 pequeños reclamantes productores de energía fotovoltaica, han presentado en la mañana de este martes otros tantos recursos ante el Alto Tribunal, dando así continuidad a la reclamación previa realizada el verano pasado ante el Consejo de Ministros, que no se pronunció ante las reclamaciones de los pequeños productores...]

Para leer el artículo entero podéis hacer clic en este enlace.

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En las las noticias de las 14:00 de Cadena Ser el pasado 2 de julio de 2016, salió como tema el "Impuesto del Sol", (a partir del minuto 21:56) aplicable a las instalaciones de Autoconsumo.  A partir del minuto 23:35 podréis escuchar a Daniel Pérez, quien explica brevemente los recursos y reclamaciones que se han presentado, menciona las autorizaciones necesarias, y habla de la nueva normativa a la que se tienen que adaptar las instalaciones y las penalizaciones en caso de no-cumplimiento. 

Para escuchar la grabación podéis hacer click en este enlace: grabación.

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Publicado 01 de julio de 2016 en El Economista:

"El martes le demandan ante el Supremo por el recorte retroactivo

T. D. MADRID. El martes que viene está previsto que unos 6.000 productores de energías renovables acudan al Tribunal Supremo a reclamar la responsabilidad patrimonial al Estado por el recorte retroactivo que han experimentado con la reforma eléctrica, superior a los 2.000 millones anuales. Los demandantes son miembros de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y clientes del bufete Holtrop Transaction&Business Law. Casi todos son solares, pero también hay unos 30 que explotan otras tecnologías, como la eólica, la minihidráulica o la cogeneración....]

Para leer todo el artículo podéis hacer clic en este pdf:  

 El-Economista-01072016

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Publicado el 28/06/2016 en Energías Renovables este artículo sobre la plataforma digital SolarDirecto, una iniciatiava de SolarTradex con nuestro bufete: "SolarDirecto se encarga del papeleo".

"La plataforma digital SolarDirecto -iniciativa conjunta de la ingeniería SolarTradex y el despacho de abogados Holtrop- acaba de aparecer en el escenario energético nacional con la voluntad de facilitar la legalización de las instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico. El objetivo de SolarDirecto es que los instaladores puedan centrarse en su negocio, o sea, en "vender, instalar y asegurar que las instalaciones funcionen correctamente"... porque del papeleo ya se encargan ellos.

SolarDirecto se encarga del papeleo

SolarDirecto se define como "una plataforma online especializada en la tramitación y legalización de instalaciones de autoconsumo" y llega para lidiar con la maraña administrativa que ha ideado el Ejecutivo Rajoy para regular el autoconsumo. La plataforma -cuentan desde SolarDirecto- ha sido especialmente pensada "para todas aquellas empresas instaladoras eléctricas que no podéis (ni debéis) permitiros el lujo de dedicar tiempo a la gestión documental asociada al proceso de legalización de cualquier instalación de autoconsumo". El proyecto no parece mala idea, pues la ruta del autoconsumo que ha trazado el Ejecutivo Rajoy parece obra de Kafka. O una carrera de obstáculos a la que Holtrop (un despacho de abogados) y SolarTradex (una ingeniería) han decidido hacer frente a través de SolarDirecto, plataforma que nace para ser el interlocutor del instalador ante "las empresas eléctricas y administraciones públicas vinculadas con todo el proceso de tramitación y legalización". ¿Objetivo? Que el profesional del gremio se centre en instalar y se olvide de las ventanillas y el vuelva usted mañana. Porque lo que ahora mismo se encuentra ese profesional es una retahíla de requisitos y procedimientos que casi parece broma. Hasta once trámites tiene que hacer el profesional para legalizar una instalación. ¿Cuáles? Estos:

Solicitud del aval (sólo para instalaciones Tipo 2).
Solicitud del punto de conexión a la empresa eléctrica.
Aceptación del punto de conexión.
Solicitud de la licencia de obras.
Solicitud del contrato técnico.
Solicitud del certificado de cumplimiento del Reglamento de Puntos de Medida.
Solicitud del certificado del gestor de la red.
Inscripción autonómica.
Obtención del CIL.
Inscripción en el Registro Ministerial de Autoconsumo.
Comunicado a la empresa comercializadora.

Pues bien, frente a eso, SolarDirecto ofrece sus servicios. Las tarifas de la empresa se adaptan al tamaño de la instalación, cuentan desde Holtrop. Además, el instalador interesado en contratar a SolarDirecto puede utilizar el Calculador de Presupuestos que hay en solardirecto.com para conocer su presupuesto en el momento. ¿Algún ejemplo?

Adaptación de instalaciones ya legalizadas según RD1699/2011
Hasta 3 kW: 250,00€
3 kW: 300,00€
20 kW: 422,68€
50 kW: 639,18€
A partir de 100 kW: 1.000,00€

Nuevas instalaciones o adaptación de instalaciones legalizadas sin RD1699/2011
Hasta 3 kW: 375,00€
3 kW: 450,00€
20 kW: 634,02€
50 kW: 958,76€
A partir de 100 kW: 1.500,00€

Redacción de la Memoria Técnica de Diseño
Memoria Técnica Diseño: 400 € + 30% de descuento en el servicio de tramitación y legalización."

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Artículo publicado el 21 de junio en la Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico.

"Los representantes de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y de Anpier han comparecido hoy ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para defender su postura contra los recortes retroactivos en energías renovables llevados a cabo en nuestro país, solicitando además la mediación de las autoridades europeas ante el Gobierno español.

José Donoso, Director General de UNEF, subrayó que los efectos de las medidas retroactivas llevadas a cabo en España han sido principalmente de tipo económico, señalando el caso de plantas fotovoltaicas que han visto reducir su retribución hasta un 50% respecto a la retribución anteriormente prevista en el Boletín Oficial del Estado. Además, insistió en que la actual normativa perpetúa la inseguridad jurídica permanente, al establecer que cada tres o seis años el Secretario de Estado de turno podrá cambiar las variables de la retribución.

Por lo que se refiere al autoconsumo, Donoso señaló la presencia en España de barreras económicas, el llamado ‘impuesto al sol’, y de barreras administrativas, que limitan el desarrollo de esta modalidad de producción de energía eléctrica.

Por último, Donoso puso de manifiesto la difícil situación que España está viviendo actualmente, al ser el país con más arbitrajes internacionales, la mayoría llevados a cabo por ciudadanos europeo. Según Donoso, “esta situación daña la imagen de seguridad jurídica europea, por lo que representa un problema europeo, no solo español”.

Donoso cerró su intervención solicitando a la Comisión de Peticiones que inicie un procedimiento de infracción contra el Reino de España por la vulneración del derecho comunitario en su afectación a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Además, pidió que la Dirección General de la Competencia cierre la investigación sobre las ayudas de Estado en España, para volver a dar un señal de seguridad jurídica, y solicitó la realización de un informe sobre el impacto real del autoconsumo sobre el sistema y el impacto de las barreras establecidas en España.

Piet Holtrop, abogado y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, destacó que desde 2012 el sector renovable español ha presentado diversas denuncias ante la Comisión Europea, cuya Comisión de Energía estaba entonces liderada por Günther Oettinger. Si bien se mantuvieron reuniones técnicas con el equipo legal del Comisario, la Comisión nos remitió a los Tribunales nacionales. Mientras tanto, España se convirtió en líder mundial en demandas internacionales contra su regulación energética por los recortes a las renovables.............]"

La publicación entera está disponibles a través de este enlace.

 

Somos un pequeño despacho especializado en transacciones y cuestiones relacionadas con la operativa empresarial. Nuestros profesionales son abogados independientes, con una profunda comprensión del negocio y una trayectoria profesional de probada solvencia. Todos nuestros abogados están inscritos en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Nuestra póliza de responsabilidad civil tiene una cobertura de 2.000.000.- €.

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