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Si eres un particular y tienes una cláusula suelo ya sabes que la puedes anular. ¿Pero qué pasa si NO eres un consumidor?

Desde hace tiempo existe un gran debate sobre si se puede aplicar analógicamente el control de abusividad a las personas jurídicas.

En este debate, merecen especial mención las recientes Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 3 de junio de 2016 (número 367/2016) y 30 de enero de 2017 (número 57/2017) que, si bien terminan declarando la validez de dicha cláusula, aportan luz a esta polémica.

Ambas Sentencias consideran que el control de transparencia ha sido reservado a las condiciones generales incluidas en contratos con consumidores, sin embargo, lo destacable en ambas Sentencias es que admiten la vía de la buena fe como criterio de control, interpretación y modelación del contenido de los contratos, ex artículos 1.258 Cc y 57 Ccom.

Las Sentencias entienden que deben considerarse nulas aquellas cláusulas que supongan un abuso de la posición contractual dominante y generen un desequilibrio en la posición del adherente al modificar sorpresivamente la legítima expectativa que tenía el adherente sobre lo que contrataba pero que, por razón de esa predisposición, imposición y falta de negociación e información clara al respecto, no pudo representarse ni conocer realmente sus consecuencias y efectos en la relación contractual consentida.

En la práctica se trata de una protección muy similar respecto a los consumidores, ya que los criterios a tener en cuenta son básicamente los mismos – claridad de la cláusula, comprensibilidad real del cliente, etc.-.  

El magistrado Francisco Javier Orduña Moreno ha emitido un voto particular en ambas Sentencias en el sentido de que entiende que el control de transparencia es perfectamente aplicable a los adherentes no consumidores.

En definitiva, las dos Sentencias mencionadas abren la vía para que aquellos empresarios que cumplan unas determinas circunstancias, puedan acudir a la vía judicial con altas expectativas de poder anular su cláusula suelo.

Así, se tendrá que “tomar en consideración el nivel de información proporcionado, pues una correcta información excluiría el factor sorpresivo, y la diligencia empleada por el prestatario adherente para conocer las consecuencias económicas y jurídicas del préstamo y los posibles efectos futuros de la condición general discutida sobre el coste del crédito. Diligencia exigible al empresario adherente que dependerá, en gran medida, de sus circunstancias subjetivas, como personalidad jurídico-mercantil, volumen de negocio, estructura societaria, experiencia, conocimientos financieros, asesoramiento, etc.”

 

Si creéis que podéis encontraros ante tal situación, no dudéis en poneros en contacto con nosotros para que podamos analizar vuestro contrato y vuestro proceso de contratación.