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Lorenzo Raffellini

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Copiamos integralmente la nota de prensa del Ministerio de Industria:

 

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO

Da estabilidad al sistema eléctrico y evita la generación de déficit de tarifa.

Establece la regulación básica del sector, con la finalidad de garantizar el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al menor coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico.

Fija el marco necesario para resolver el problema del déficit de tarifa y evitar que en el futuro puedan producirse desequilibrios financieros como el ocurrido durante la última década.

Aumenta la protección del consumidor e instaura un régimen de retribución de las actividades con criterios objetivos y homogéneos, que aseguran a los agentes una rentabilidad razonable a sus inversiones.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, que traslada a la normativa básica del Estado las bases de la reforma emprendida por el Ejecutivo con el fin de equilibrar el sistema eléctrico, poner fin al déficit de tarifa, dar estabilidad y credibilidad al sistema y lograr unos precios eléctricos lo más bajos y competitivos posibles.

El Proyecto de Ley aprobado hoy tiene como objetivo proveer al sector de un marco regulatorio homogéneo, transparente y estable, que introduce la certidumbre y confianza necesaria que el sistema eléctrico había perdido, durante la última década, por la acumulación de desequilibrios financieros y la continua sucesión de cambios normativos.

Reforma global

Para ello, el Gobierno acomete una reforma global del sector eléctrico, basada en un nuevo régimen de ingresos y gastos del sistema eléctrico que garantiza la corrección de los desequilibrios, y una regla de estabilidad financiera que evita la aparición de nuevos desajustes.

Además, se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin el necesario acompañamiento de un aumento equivalente de los ingresos y se establece que aquellos sobrecostes generados por las normativas autonómicas o locales deberán ser asumidos por éstas.

Rentabilidad razonable

El Proyecto de Ley también establece los parámetros que aseguran una rentabilidad razonable para los proyectos empresariales regulados, cumpliéndose el doble objetivo de reducir los costes del coste del sistema y asegurar una rentabilidad para los mismos en función del riesgo de la actividad.

El Proyecto de Ley introduce herramientas de flexibilidad con la finalidad de adaptar las retribuciones a la situación cíclica de la economía y a las necesidades del sistema, tras un período regulatorio de seis años, conjugando la necesidad de estabilidad y previsibilidad para los agentes con la exigencia de adaptación de los regímenes retributivos.

Además, el Proyecto de Ley aumenta la protección del ciudadano y elevar la competencia, estableciendo medidas para fomentar la capacidad de elección del consumidor, agilizar el proceso de cambio de compañía y se simplifica y clarifica la factura eléctrica.

Bono social

La norma establece la creación del bono social para los consumidores vulnerables de acuerdo a determinadas características sociales, consumo y poder adquisitivo. También se crea el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que será el precio máximo de referencia al que podrán contratar la mayor parte de los consumidores domésticos, si bien las empresas podrán aplicar descuentos sobre él, y se habilitan nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes.

El Proyecto de Ley se suma a las medidas ya emprendidas para equilibrar el sistema. La normativa fue presentada al Consejo de Ministros en primera lectura a finales del mes de julio junto con un paquete de medidas para corregir el desequilibrio de 4.500 millones de euros existente entre ingresos y costes del sistema eléctrico, un esfuerzo compartido por las empresas, el Estado y los consumidores.

El Proyecto de Ley aprobado hoy se complementa con un paquete de siete Reales Decretos y cinco órdenes ministeriales que se encuentran actualmente en tramitación.