Holtrop S.L.P. blog

Daniel Pérez Rodriguez

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El pasado 19 de diciembre el TJUE dictó una nueva sentencia muy relevante en materia de electricidad, esta vez en relación con los sistemas de apoyo a las renovables y el concepto de ayuda de Estado. La sentencia resuelve un litigio entre la asociación francesa "Vent de Colère" y once personas físicas, que se oponen a la gran eólica, de un lado, y el Estado francés y la patronal de las renovables francesas del otro. También intervinieron en el caso el Gobierno griego y la Comisión Europea.

El litigio tiene como objeto el sistema de apoyo francés a la energía eólica, según el cual las distribuidoras están obligadas a comprar la energía eólica generada por instalaciones de menos de 12 MW de potencia, y el sobrecoste que les pueda generar dicha obligación es después compensado por los consumidores. A diferencia de lo que sucede en España con los costes de las distribuidoras, en Francia sí que está prevista una auditoría externa para controlar los gastos de los operadores y que debe realizarse antes de abonar los pagos por los sobrecostes de la obligación de compra.

El debate jurídico del caso consistía en saber si ese fondo de compensación a las distribuidoras por la obligación de compra constituye o no una ayuda de Estado. Esta pregunta no resulta baladí, ya que el Derecho Europeo obliga a notificar a la Comisión Europea todas las ayudas de Estado, por lo que si el mecanismo constituyera una ayuda de Estado, sería una ayuda no notificada, y por tanto, debería ser anulada (artículo 108.3 TFUE).

La asociación Vent de Colère inició un procedimiento por no notificación de ayuda de Estado que terminó en el Consejo de Estado, que es la instancia más alta de la jurisdicción administrativa en Francia. Ante la duda, el Consejo de Estado decidió suspender el procedimiento y elevar la siguiente cuestión prejudicial: "debe considerarse en lo sucesivo dicho mecanismo (compensación de sobrecostes por la obligación de compra de electricidad eólica) como una intervención del Estado o mediante fondos estatales en el sentido y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 107 TFUE?"

El TJUE se centra en analizar si se cumple o no el primero de los requisitos necesarios para que exista una ayuda de Estado, que es la existencia de una intervención del Estado o mediante fondos estatales. Dicho requisito se compone a su vez de dos elementos: (1) imputabilidad de la medida al Estado; (2) ventaja conferida directa o indirectamente mediante fondos estatales. El TJUE no tiene dudas respecto de la concurrencia del primer requisito, ya que el fondo de compensación fue adoptado mediante la Ley 2000-108 y por lo tanto, es claramente imputable al Estado. 

La segunda condición requiere un estudio más profundo. El TJUE comienza recordando que ha mantenido una concepción amplia y poco formalista del concepto de fondos estatales. Respecto a la medida francesa, el TJUE observa que si bien es cierto que la contribución recae sobre el consumidor, el importe de la misma es fijado mediante Orden Ministerial por el Ministro competente, a propuesta de la Comisión de Regulación de la Energía. Además, existe una sanción administrativa en caso de que el consumidor no pague su contribución, y el sistema se rige por el principio de cobertura íntegra, en función el cual el Estado francés deberá abonar la diferencia a las distribuidoras en caso de que la contribución de los consumidores no cubriera todos los sobrecostes. 

A continuación el TJUE se esfuerza por diferenciar el presente caso de la situación en Preussen Elektra, donde consideró que la obligación impuesta a las distribuidoras de adquirir electricidad renovable a un precio mínimo no constituía una intervención mediante fondos estatales. En ese caso, los fondos no estaban en ningún momento bajo control público, mientras que en el caso francés sí que lo están. Por lo tanto, el TJUE concluye que el fondo de compensación por el sobrecoste de la obligación de compra de energía renovable en Francia constituye fondos estatales.

Finalmente, el TJUE tiene que determinar si limita o no los efectos de la sentencia contra la ayuda de Estado no notificada, y concluye que no procede la limitación de efectos, pues el Gobierno francés no podía desconocer la obligación del artículo 108.3 del TFUE. 

Llegados a este punto, son necesarios algunos comentarios a la decisión. En primer lugar, hay que dejar claro que el TJUE no dice que el mecanismo de compensación sea una ayuda de Estado incompatible, sino que se trata simplemente de una ayuda de Estado no notificada. Las consecuencias, por tanto, son diferentes. El error de Francia no es material, sino procedimental, pues no notificó la ayuda. Si lo hubiera hecho, el TJUE podría quizás haber considerado que esta ayuda era compatible.

En segundo lugar, cabe preguntarse porqué la Comisión Europea no actuó contra este sistema en 2003, que es cuando el mecanismo fue establecido, y así disminuir los daños que esta sentencia del TJUE genera ahora a los productores de energía eólica.

Y tercero, hay que recordar que hay pendiente ante el TJUE una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo Español, enviada en mayo de 2013 (asunto 275/13), que dice lo siguiente:

"La interpretación del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre él (en especial, de las sentencias dictadas en los asuntos C-379/98 y C-206/06), ¿permite considerar como “ayuda otorgada por los Estados o mediante fondos estatales” las cantidades anuales asignadas a la sociedad Elcogás en cuanto titular de una instalación singular de generación de energía eléctrica, tal como se prevé en los plantes de viabilidad extraordinarios aprobados para ella por el Consejo de Ministros, cuando la percepción de dichas cantidades se engloba en la partida general de “costes permanentes del sistema eléctrico” que, pagados por el conjunto de usuarios, se transfieren a las empresas del sector eléctrico mediante sucesivas liquidaciones a cargo de la Comisión Nacional de Energía conforme a los criterios legales predeterminados, sin margen de discrecionalidad?"

Permaneceremos atentos a la respuesta del TJUE y a las nuevas directrices de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado y sistemas de apoyo, que se presentarán previsiblemente en el primer trimestre de 2014. Asimismo, recordamos que ya tenemos un procedimiento abierto por no notificación de ayudas de Estado en relación con la Ley Eléctrica, que pronto llevaremos ante el Tribunal Supremo en España. De lo que ya no hay duda es de que la batalla jurídica en materia de energías renovables se jugará en Bruselas y Luxemburgo y que el arma que se empleará será el Derecho Europeo.