Holtrop S.L.P. blog

Daniel Pérez Rodriguez

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El incumplimiento del Derecho Europeo y la incorrecta ejecución de una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede salir muy caro. En concreto, puede costar 50 millones de euros, la multa a tanto alzado más elevada con la que el TJUE ha sancionado a un Estado en toda su historia. Y el Estado sancionado no podría ser otro que España.

Entre 1994 y 2000, las tres provincias vascas adoptaron una serie de medidas fiscales por las que se daba a las empresas un crédito fiscal de hasta el 45% de su inversión y se establecía una reducción decreciente de la base imponible durante cuatro ejercicios en favor de empresas de nueva creación (el paquete conocido como "vacaciones fiscales vascas"). Este mecanismo no fue notificado a la Comisión Europea como ayuda de Estado.

Por tanto, la Comisión inició un procedimiento que derivó en la adopción de seis Decisiones en el año 2001, que declararon que el régimen fiscal vasco era contrario al Derecho Europeo. Las tres provincias vascas recurrieron en anulación contra las Decisiones de la Comisión, un recurso que no tiene efecto suspensivo de la obligación de recuperar las ayudas de Estado ilegales. España ignoró esta advertencia y la Comisión inició paralelamente un procedimiento de incumplimiento ante el TJUE en noviembre de 2003 contra España.

En diciembre de 2006 el TJUE declaró que efectivamente España incumplía el Derecho Europeo al no implementar las seis decisiones de la Comisión en plazo. Asimismo, el Tribunal General declaró válidas las seis decisiones de la Comisión en septiembre de 2009, y el TJUE desestimó la casación contra esa sentencia del TG en julio de 2011.

En abril de 2011, la Comisión Europea interpuso el recurso objeto del presente procedimiento de incumplimiento, solicitando la imposición de una multa de 64,5 millones de euros a España. El procedimiento está pendiente de sentencia en el TJUE en la actualidad, pero hoy se ha hecho pública la Opinión de la Abogada General del TJUE, que aboga por imponer una multa de 50 millones de euros. La Opinión de los Abogados Generales es seguida por el TJUE en la mayoría de ocasiones, por lo que todo apunta a que el TJUE impondrá una multa elevada a España en unos meses.

La Opinión de hoy es a la vez una buena y una mala noticia. Es mala, porque resulta bochornoso ver cómo 50 millones de euros de todos los españoles se pueden perder por el mal hacer del Estado en el cumplimiento del Derecho Europeo. Pero es buena porque podría servir de escarmiento para España, y que a partir de ahora se esfuerce por mejorar sus índices de cumplimiento del Derecho Europeo. Si no lo hace por convencimiento, al menos que lo haga por evitar las multas. Y en ese cumplimiento del Derecho Europeo, el respecto a la Directiva de Renovables y al principio de confianza legítima podrían ser un buen comienzo...