Holtrop S.L.P. blog

Daniel Pérez Rodriguez

www.holtropslp.com

Share:

La Comisión Europea hizo públicas el pasado 9 de abril las Directrices sobre ayudas de Estado y Energía y Medio Ambiente para el periodo 2014-2020, en las que ofrece pautas a los Estados Miembros sobre cómo deben ser los nuevos sistemas de apoyo a las energías renovables. Es importante tener en cuenta esa palabra: nuevos. Todo lo que se dirá a continuación afecta única y exclusivamente a nuevas instalaciones y nuevos sistemas de apoyo, sin que ello implique que los existentes deban ser modificados.

De hecho, en su nota informativa sobre las Directrices, la Comisión Europea: "las directrices no tendrán efecto en las ayudas pagadas a propietarios de instalaciones existentes. Éstas continuarán recibiendo las ayudas existentes según los sistemas de apoyo vigentes, con el objetivo de mantener la confianza legítima de los inversores en cuanto a la rentabilidad de sus inversiones".

Partiendo de esta premisa, pasamos a destacar algunos de los elementos clave de las Directrices. Si bien éstas cubre diversos aspectos energéticos y medioambientales, nos centramos en analizar lo referido a las energías renovables.

Para empezar, es preciso señalar que las directrices no son vinculantes, sino que constituyen una guía para los Estados Miembros. Ahora bien, las Directrices sí que son un indicador de hacia dónde irá la reforma del Reglamento de Exenciones de ayudas de Estado, que permitirá que ciertas ayudas no tengan siquiera que ser notificadas a la Comisión Europea, porque son autorizadas en bloque. Se espera que el nuevo Reglamento entre en vigor el 1 de julio de 2014.

Estas Directrices parten de una premisa ya empleada por la Comisión en otras ocasiones, como es la madurez de la tecnología. El alcance de esa madurez y la mayor penetración de las renovables es lo que hace aconsejable, según la Comisión, la integración de las renovables en los mecanismos de mercado. Por eso, la Comisión aconseja que las tarifas reguladas sean, para nuevas instalaciones, reemplazadas por complementos al precio de mercado que se obtengan mediante procesos competitivos. Los Estados deben iniciar esta transición al nuevo modelo a partir de 2015, y en el 2017 el procedimiento competitivo ya debería generalizarse.

Sin embargo, las directrices prevén algunas exenciones para nuevas instalaciones según unos umbrales por tamaño, que han sido objeto de intenso debate durante el proceso de adopción de las Directrices. Finalmente, la Comisión ha optado por distinguir entre tres tipos de instalaciones. En primer lugar, las

instalaciones de menos de 500 kW (o de menos de 3 MW en el caso de la eólica), que la Comisión considera que no tienen capacidad para integrarse adecuadamente en un sistema competitivo, y que por lo tanto pueden seguir teniendo una tarifa regulada y sin necesidad de concurso. En segundo lugar se encuentran las instalaciones de menos de 1 MW (6 MW para la eólica), que pueden ser eximidas del procedimiento competitivo para acceder al sistema de apoyo, pero el sistema de apoyo debe estar integrado en el merado (prima, y no tarifa regulada). Finalmente, están las instalaciones de más de 1 MW (6 MW para la eólica), que deben someterse al procedimiento competitivo y a sistemas de apoyo integrados en el mercado. En el siguiente cuadro resumimos las obligaciones según cada categoría:

Finalmente, se prevén mecanismos de flexibilidad para que los Estados Miembros puedan separarse de los criterios de las Directrices, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada Estado Miembro, ya que habrá casos en los que el procedimiento competitivo para obtener nueva retribución podría generar, por ejemplo, un incremento de la posición dominante de las empresas que ya controlan el mercado.

En cualquier caso, a lo largo de todo el texto de las Directrices se percibe cómo la principal preocupación de la Comisión es mantener la competencia y evitar distorsiones en el mercado. Para ello, se busca que las renovables se integren en un mercado en el que el precio lo determinan tecnologías como el carbón o el gas, que tienen una estructura de costes radicalmente diferente a las renovables, pues sus costes de inversión son menores respecto del total, y sus costes de operación mucho mayores. En definitiva, se echa en falta una visión integral del problema, que vaya más allá del derecho de la Competencia, en la que se refuerce la importancia de las renovables como medio para asegurar una reducción de emisiones de CO2. En otras palabras, se debe tener en cuenta que las renovables no son sólo parte de la política energética, sino que también son un elemento clave de la política medioambiental.