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Daniel Pérez Rodriguez

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El pasado sábado, se filtró a el diario El País la intención del Ministerio de Industria de suspender temporalmente todos los pleitos relacionados con los recortes a las renovables hasta que la Comisión Europea se pronuncie sobre el procedimiento de ayudas de estado SA.40348, iniciado el pasado 13 de febrero de 2015. Dicho procedimiento parece ser producto de una comunicación de España a la Comisión Europea en relación con el Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014, y que la Comisión Europea ha ampliado a otras normas, como el Real Decreto 661/2007, el Real Decreto 1578/2008, el Real Decreto 1565/2010 y el Real Decreto-Ley 14/2010.

Ante la apertura de ese procedimiento en Bruselas, el Gobierno pretende que todos los procedimientos nacionales se queden en stand by mientras que la Comisión Europea resuelva. ¿Lo podrá hacer?

En nuestra opinión, no. Para poder hacerlo, el procedimiento de Bruselas tendría que tener una relación directa con el procedimiento nacional y sería necesario que hubiera una cierta coincidencia de argumentos. Sin embargo, este no es el caso. Las demandas nacionales se basan en argumentos diferentes al procedimiento europeo, como la confianza legítima, la discriminación o la retroactividad. En ningún momento se hace alusión, en las demandas nacionales, a la normativa de ayudas de Estado. Algo similar sucedió con el conflicto de competencias planteado ante el Tribunal Constitucional por la Generalitat de Catalunya, en que el Gobierno solicitó la suspensión y conseguimos que el Tribunal Supremo decidiera continuar la tramitación

Si el Tribunal Supremo tuviera dudas sobre la compatibilidad de la normativa nacional con el Derecho Europeo, lo que tendría que hacer para suspender los litigios es plantear una cuestión prejudicial de interpretación. No obstante, parece ser que fuentes del Tribunal Supremo han señalado que no tienen intención de aceptar la petición de suspensión solicitada por el Ministerio.