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 Pablo Cotarelo, Investigador colaborador en ODG 

Pablo Cotarelo escribe como firma invitada sobre las deudas en el sector eléctrico en la semana que iremos a Bruselas en nombre la Plataforma por un Nuevo Modelo energético para presentar la denuncia por los sobre-cobrados CTC ante la Comisión de la Unión Europea. En este artículo Pablo explica con detalle que es lo que el oligopolio ha cobrado en exceso

El sector eléctrico español es un digno objeto de estudio por muy variados motivos. Uno de ellos es la sana y democrática curiosidad por conocer con cierto detalle el reparto de las diferentes cargas que se generan durante el funcionamiento del sector. Esta curiosidad se concreta en analizar la justificación de los pagos al sector  realizados por los usuarios, tanto particulares como pequeñas y medianas empresas, por los conceptos reconocidos por el Estado, y canalizados fundamentalmente a través de la tarifa eléctrica. 

Digamos que una respuesta a dicho interés se puede encontrar en el Estudio sobre los pagos ilegítimos al sector eléctrico español 1998-2013, publicado por el Observatori del Deute en al Globalització. De él se extraen algunas conclusiones que deberían contribuir a una transformación del servicio eléctrico en el Estado español, algo más que necesario desde hace ya demasiados años. El análisis de legitimidad en el que se basa se centra en determinar si cada uno de los pagos realizados al sector desde la Ley 54/1997, conocida como la de la liberalización, responde a los intereses de la población y, más concretamente, si ha habido sobrecostes injustificados, si los fines últimos de los pagos han sido diferentes de su justificación formal, si carecen de justificación económica, o si las condiciones en los que se instituyeron carecían de garantías. De la aplicación de estos criterios resulta que se podrían considerar ilegítimos pagos al sector eléctrico, durante el citado periodo, por valor de alrededor de 80.000 millones de euros, entre los que se incluirían, por ejemplo, los pagos a la industria nuclear, los pagos por capacidad, la transición a la competencia, el alquiler de los contadores, la subasta CESUR, los pagos al carbón, la aplicación del impuesto de la electricidad al término de potencia. Pero además de los conceptos que aparecen en la liquidaciones de los órganos reguladores, se constata que el sistema de fijación de precios genera un injustificado déficit de tarifa y unos beneficios extraordinarios (beneficios caídos del cielo o windfall profits) de más de 22.000 millones de euros (Dentro de los 80.000 millones de la frase anterior). Esta cifra se obtiene de comparar las retribuciones obtenidas por las instalaciones nucleares e hidroeléctricas durante 1998-2013 y lo que habrían ingresado las mismas instalaciones al aplicar la metodología del sistema anterior, el Marco Legal Estable (vigente entre 1988 y 1997).

Dichos resultados cuestionan profundamente la sostenibilidad (económica, ambiental y social) del sector y sus empresas. De no haber recibido la “ayuda” a través de los pagos que se podrían considerar ilegítimos y de los pasivos ambientales generados (deuda de carbono, violación de derechos humanos, deterioro ambiental y afecciones a la salud), las empresas de Unesa no solamente no habrían podido presentar los beneficios más elevados del sector en Europa, sino que ni siquiera podrían funcionar. De la misma manera que estos pagos resultan más injustificados, si cabe, al considerar que los dos máximos beneficiarios (Endesa e Iberdrola) están controlados por poderes públicos extranjeros (por Italia el primero y por Qatar el segundo).

Ante esta irregular situación, que compromete la sostenibilidad económica, y también la estabilidad política y la legitimidad democrática de la sociedad, el estudio realiza una serie de propuestas. Una auditoría pública y ciudadana para que, además de calcular la cuantía de los pagos irregulares, se decida democráticamente qué medidas adoptar. Posteriormente, la cancelación y/o reforma de todos los mecanismos que han estado generando dichos pagos ilegítimos, y el diseño de un sistema eléctrico bajo criterios racionales y democráticos. Como consecuencia directa de lo anterior, un plan de recuperación y devolución del dinero pagado irregularmente, y la reparación de los daños ambientales. Y finalmente, medidas estructurales que permitan evitar la generación de comportamientos ilegítimos en el futuro, como mecanismos de transparencia y participación ciudadana en el servicio eléctrico, la garantía de una cantidad mínima de electricidad para toda la población, y la relocalización de la cadena de suministro eléctrico con el objetivo de la minimización de las cargas, y un reparto justo y equilibrado de las pocas que se pudiesen generar.

No es poca la tarea, es evidente, pero por ello llevan trabajando los más diversos actores sociales desde hace años y la solución a esta situación tan poco razonable está cada vez más cerca.