Holtrop S.L.P. blog

Daniel Pérez Rodriguez

www.holtropslp.com

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Ayer asistimos a una sesión informativa  organizada por el Ministerio de Industria en colaboración con OMIE sobre la nueva subasta eólica y de biomasa. La presentación utilizada en dicha sesión puede descargarse en el siguiente vínculo.

En la sesión se ha dado mucha información logística, sin duda de interés para todos aquellos promotores interesados en participar en la subasta. No obstante, en este post me centraré sólo en los aspectos esenciales de la misma.

En primer lugar, la fecha. No está claro aún que la subasta vaya a celebrarse el 26 de noviembre, como sugiere la propuesta de resolución. El periodo de audiencia termina el día 11 de noviembre y en función de los cambios que sea necesario realizar, la resolución se publicaría los días 12-13 de noviembre o ya a partir del 16. En el primer caso, se mantendría la fecha del 26, mientras que en el segundo nos iríamos a otra fecha posterior. En todo caso, aseguran desde el Ministerio que como muy tarde se celebrarán a principios de diciembre. Está claro que el Gobierno quiere apuntarse ahora un tanto y celebrar la subasta antes de las elecciones.

El segundo tema clave es la subasta, que se organiza según un sistema de sobre cerrado con casación marginal. Los participantes ofrecerán una cantidad de kW con un porcentaje de reducción del valor de la inversión inicial. En el caso eólico, por ejemplo, cualquier reducción de más del 50% ya implica que ese parque no tendrá retribución a la inversión. A la vista del gran número de participantes en la sesión informativa, parece que los 500 MW de eólica se cubrirán con creces y que el porcentaje de reducción será elevado, sin descartar incluso una casación de los 500 MW con una reducción del 100%. Y aquí empieza el punto más crítico de la subasta, que prueba que está diseñada para favorecer a los grandes productores. Y es que en caso de que haya más de 500 MW con el mismo porcentaje de reducción (pongamos 100%, para simplificar la hipótesis), se primará a los bloques más grandes frente a los pequeños. En otras palabras, si una gran compañía eléctrica ofertase el 100% de los MW a una reducción del 100%, en el diseño actual, se llevaría toda la subasta. Este criterio supone una clara discriminación contra las instalaciones de menor tamaño, ya de por sí perjudicadas por el mero hecho de verse obligadas a competir en precio con grandes instalaciones.

El tercer elemento a destacar es el referido al periodo post subasta. Una vez publicada en el BOE la resolución de la subasta, hay 45 días hábiles para que los adjudicatarios inscriban su potencia en preasignación. Para lograr dicha inscripción, se tiene que volver a presentar un aval de 20 EUR/kW (hay que presentar otro ante OMEL Diversificación –que es la filial de OMIE que organiza la subasta- para poder participar en la subasta) y habrá un momento temporal en que ambos se solapen, con lo que se genera una barrera extra, en especial para los pequeños. Una vez inscrito, surge el derecho a la retribución, condicionado a que el parque produzca energía eléctrica en 48 meses. Esos 48 meses no admiten excepción alguna, incluso si el motivo por el que no se hubiera construido el parque fuera imputable a terceros. Además, es preciso señalar que los adjudicatarios pueden transmitir su derecho retributivo, lo que alimenta un cierto mercado secundario especulativo, como ya sucedía en las subastar CESUR.

En conclusión, se trata de una convocatoria hecha a la medida de las grandes eléctricas, y está por ver si algún otro promotores es capaz de lograr la adjudicación de algunos MW.