Holtrop S.L.P. blog

Daniel Pérez Rodriguez

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Aunque en las próximas semanas informaremos con mayor profundidad, a medida que vayamos conociendo los detalles de las distintas decisiones recientemente adoptadas, sí que es importante dejar clara una idea por el momento: los recortes a las renovables no han quedado aún validados plenamente por los tribunales. 

Ello es así, a pesar de tres decisiones recientes. Primero, el Tribunal Constitucional declaró conforme a Derecho el RDL 9/2013, por el que se incia la reforma de Soria contra las renovables, si bien lo hizo respecto de la norma aisladamente. Segundo, el Tribunal Supremo, el pasado viernes, desestimó las reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra los recortes de Sebastián contra la fotovoltaica. Y por último, hoy hemos conocido que la Corte Arbitral de Estocolmo ha desestimado la demanda de Isolux por los recortes de 2010 y le ha impuesto una severa condena en costas (1,3 MM EUR).

Por lo que hasta ahora sabemos, esta jurisprudencia se sustenta en la premisa errónea de que los productores renovables en España deberían de haber previsto que les cambiarían su retribución en el futuro de forma muy perjudicial. 

Pero la pregunta obvia y natural que se harán todos los productores es, ¿y ahora qué? ¿Está todo perdido? ¿Soria se ha salido con la suya?

La respuesta es que aún falta mucho para que Soria se pueda declarar vencedor. Es cierto el el laudo arbitral, si bien no prejuzga los siguientes, de alguna forma reducirá las esperanzas de las empresas que hayan optado por esta vía. Y que lo ideal hubiera sido que el Supremo y el Constitucional hubieran estimado las pretensiones de los productores. Pero la principal baza en estos litigios es el Derecho Europeo. Y por tanto, el gran escollo que le queda al Gobierno por superar es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todos los esfuerzos deben centrarse, por tanto, en lograr llegar a Europa, donde esperamos obtener una sentencia razonada y en la que los magistrados entiendan la realidad que hay detrás de las energías renovables.

Por otra parte, y al margen de las modificaciones retributivas, el Gobierno tampoco ha obtenido validación judicial, ni siquiera de los tribunales nacionales, del impuesto del 7% a la generación eléctrica, respecto del cual la propia Comisión Europea tiene serias dudas.