Holtrop S.L.P. blog
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Desde el segundo trimestre de 2016 hasta la actualidad, las empresas distribuidoras de energía eléctrica han abierto más de 120.000 expedientes por fraude eléctrico. Según estas empresas, en España hay una situación de fraude eléctrico “generalizado” -en el año 2015, se incoaron unos 184.000 expedientes y, en 2014, 138.000- que implica que la energía defraudada ascendería a 4.000 M de kWh (150 M€), lo que equivaldría al consumo anual conjunto de dos grandes ciudades como Sevilla y Valencia (aprox. 1,3 M habitantes).

Hay que destacar que, de la defraudación de electricidad realizada España, el 80% de la misma se corresponde con un recurso utilizado por algunas empresas y grandes consumidores para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores. El sector residencial doméstico apenas alcanza el 20%. 

Si bien los números siguen la estela de otros años, cabe preguntarse si, realmente, existe esta cantidad enorme de defraudación por parte de los consumidores domésticos o si, en cambio, hay una parte de estas defraudaciones que realmente no lo son. Ello produciría una situación de abuso de poder por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica al facturar/multar por estas defraudaciones.

Concretamente, una gran mayoría de los expedientes por defraudación eléctrica abiertos por las empresas distribuidoras se producen en la sustitución del antiguo contador analógico por los nuevos contadores de telegestión. Curiosamente, tanto la OCU como FACUA-Consumidores en Acción o ASGECO han alertado a la CNMC de numerosos -más de 100.000- casos de abuso dónde el consumidor recibe una factura/multa por fraude, que puede oscilar entre 800 y 3.000 €. En esta misma línea de denuncia, la web especializada en el Sector Energético “Energy News”, se hizo eco también de esta situación.

La CNMC respondió, en su momento, con la apertura de expedientes en Competencia, lo que implicaba -a priori- que las denuncias tenían una base relativamente sólida. Y así ha sido. Progresivamente, un gran porcentaje de las reclamaciones están teniendo resultados favorables para los afectados y están recuperando lo pagado indebidamente.

Sin embargo, según las empresas distribuidoras su actuación es irreprochable y cumplen estrictamente con las obligaciones y funciones que les impone la normativa sectorial. Pero, ¿es realmente así? ¿Hay algún interés/es oculto? Probablemente, nunca tendremos la respuesta, pero hay algunos hechos que nos pueden acercar a ella.

En primer lugar, es cierto que las empresas distribuidoras están obligadas a la sustitución de los antiguos contadores por los nuevos contadores inteligentes antes de que finalice el año 2018. Es una obligación que viene impuesta desde la UE para aumentar la eficiencia energética y racionalizar el consumo eléctrico. Si bien es una buena idea, numerosos expertos del sector aseguran que, en el sector doméstico -que aglutina el mayor número de contadores-, esta medida difícilmente pueda suponer un ahorro de más de 25 € anuales.

En segundo lugar, las empresas distribuidoras tienen un incentivo económico reconocido en su retribución en relación con el fraude. Este incentivo funciona de tal forma que se aumenta la mencionada retribución en función del número de casos de fraude que detecten en sus redes y la reducción de pérdidas en sus redes.

Y, en tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, la normativa sectorial obliga a estas mismas empresas a comprobar y revisar sus redes a fin de evitar este tipo de conductas. En caso de detectarlas, deben acreditar fehacientemente la conducta fraudulenta mediante la intervención de una autoridad pública (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Notarios, Entidades Certificadoras). Posteriormente, deben retirar el contador -o el enganche- a fin de que no se siga defraudando electricidad y, por último, deben comunicar esta situación, también de forma fehaciente, al propio consumidor, a su empresa comercializadora y a las Autoridades Competentes en materia de energía.

Pues bien, una vez visto lo anterior, es precisamente por este último motivo por el cual las organizaciones de consumidores han levantado la voz en este tema. Se ha detectado que, en los casos en los que las empresas distribuidoras han enviado facturas/multas por defraudación de electricidad a sus clientes, no se ha acreditado fehacientemente el fraude ante una autoridad pública, ni se ha retirado el contador y no se ha comunicado este hecho a la empresa comercializadora ni a las Autoridades Competentes en materia de energía.

¡No permitas que las empresas eléctricas abusen de ti o de tus familiares y amigos! Desde HOLTROP Transaction & Business Law ofrecemos un servicio de asesoramiento jurídico para intentar revertir estas situaciones de abuso por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Si te encuentras afectado por una facturación por defraudación de energía eléctrica, haz click aquí para completar un sencillo formulario y, tras analizarlo, te informaremos de las posibilidades de éxito de tu reclamación.